DE ELECCIONES COMISION ESTATAL 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
CEE-RS-04-49 
IN RE: 
PETICIONES DE PARTIDOS LOCALES 
POR PETICION 
SOBRE: FACULTADES Y PRERROGATIVAS 
DE LOS PARTIDOS LOCALES POR PETICION 
RESOLUCION 
Nombre del Partido 
En el presente año electoral la Comisión Estatal de Elecciones ha certificado 
varios partidos locales por petición a tenor con lo dispuesto en el Art. 3.001 (4) de la Ley 
Electoral. A continuación presentamos una relación de las agrupaciones que han sido 
certificadas como partidos y de los municipios, precintos o distritos para los cuales han 
sido certificados, a saber: 
Municipios, Precintos o Distritos 
1) Partido Acción Civil 
2) Partido Puertorriqueños por Puerto Rico 
3) Alternativa Ciudadana 
4) Partido Movimiento Vegabajeños Unidos 
19) 
Distrito Representativo Núm. 5 de San 
Juan (Precinto 5 de San Juan y Precinto 6 
de Guaynabo) 
Municipios de Rincón (Precinto 39), 
Vieques (Precinto 96), Culebra (Precinto 
97) y Ceiba (Precinto 98) 
Distrito Representativo Núm. 1 de San 
Juan (Precinto 1) 
Municipio de Vega Baja (Precintos 18 y 
Municipio de Cataño (Precinto 8) 
Municipio de Loíza (Precinto 103) 
5) Partido Catañeses Unidos 
6) Partido Loiceño Unido 
7) Partido Movimiento Independiente Región del Este Distrito Senatorial de Carolina, 
Distrito Representativo Núm. 36 (Precintos 
96, 97, 98, 99, 100 y 101), 
Distrito Representativo Núm. 39 (Precintos 
107 y 110) y los de Municipios de Vieques 
(Precinto 96), Culebra (Precinto 97), Ceiba 
(Precinto 98), Fajardo (Precinto 99), 
Luquillo (Precinto 100), Río Grande 
(Precintos 101 y 102), Loíza (Precinto 
103), Canóvanas (Precintos 104 y 105), 
Carolina (Precintos 106, 107 y 108) y 
Trujillo Alto (Precintos 109 y 110) 
Oportunamente, varios de los partidos locales han presentado una serie de 
peticiones a la Comisión. Originalmente esas peticiones habían quedado en manos de 
los Comisionados Electorales quienes habían expresado en la reunión celebrada el 
30 de junio de 2004 que habían alcanzado un consenso sobre las mismas. No obstante, 
en conversación telefónica con los Comisionados Electorales el pasado miércoles 
En la presente Resolución resolvemos las peticiones presentadas por los partidos 
28 de julio de 2004 se nos informó que no había tal consenso y que el asunto quedaba 
en manos del Presidente para su determinación. Art. 1.006 (e) de la Ley Electoral. 
locales por petición. Examinemos cada una de las peticiones por separado. 
1- Representante en la Junta de Inscripción Permanente 
Se solicita que se designe un representante de los partidos locales en la Junta de 
Inscripción Permanente. (JIP) 
El Art. 3.001 de la Ley Electoral define los conceptos “partido principal” “partidos 
por petición” y “partido local por petición”. Rezan los incisos 1, 3 y 4 del mencionado 
artículo: 
“Artículo 3.001.-Los Partidos.- 
A los efectos de esta ley, se entenderá por "partido político" los 
partidos principales y los partidos por petición. 
(1) Se considerará “Partido Principal” todo aquél no 
coligado que obtuviera en el encasillado correspondiente a su 
insignia en la papeleta para Gobernador y Comisionado Residente, 
en la elección general precedente una cantidad de votos no menor 
siete (7) por ciento del total de votos depositados para todas las 
insignias de partidos, o que obtuviera en la papeleta para 
Gobernador y Comisionado Residente en la elección precedente una 
cantidad no menor del tres (3) por ciento del total de papeletas 
íntegras depositadas para todos los partidos; o cuyo candidato a 
Gobernador obtuviere en la elección general precedente una cantidad 
no menor de cinco (5) por ciento del total de votos depositados para 
todos los candidatos a dicho cargo. En el caso de partidos coligados 
la determinación de la condición de partido principal se hará 
individualmente para cada uno de los que componen la coligación 
requiriéndole la obtención del número de votos, antes señalados, 
marcados para su candidato a Gobernador, para su insignia, o 
papeleta íntegra que, como partido aparte y separado de los otros, 
hubiere ocupado en la papeleta electoral. 
(3) Se considerará como “Partido por Petición” a cualquier 
agrupación de ciudadanos que, con el propósito de figurar en la 
papeleta electoral de unas elecciones generales, en o antes del 
primero de junio del año de elecciones se inscriba como partido 
político, mediante la radicación ante la Comisión de peticiones 
juradas al efecto, ante notarios públicos admitidos al ejercicio de la 
notaría, a tenor con lo dispuesto por la Ley Notarial vigente, quienes 
percibirán de la Comisión Electoral un (1) dólar por cada petición 
notarizada válida como honorarios suscritas por un número de 
electores no menor del cinco (5) por ciento del total de votos 
depositados para todos los candidatos al cargo de Gobernador en la 
elección general precedente. Debiéndose presentar, además, un 
programa de gobierno o plataforma política, así como los nombres y 
2
direcciones de un grupo de electores que constituyan su organismo 
directivo central. 
Al aceptarse dichas peticiones juradas el partido quedará 
inscrito pudiendo, desde ese momento, presentar una candidatura 
completa en todos los precintos de conformidad con los 
procedimientos dispuestos en esta ley. 
(4) Se entenderá como ''Partido Local por Petición'', a cualquier 
agrupación de ciudadanos que con el propósito de figurar en unas 
elecciones generales en la papeleta electoral de un precinto, distrito 
representativo o distrito senatorial específico se inscriba como 
partido político local, mediante la radicación ante la Comisión de 
peticiones juradas al efecto, suscritas, en cada uno de los precintos 
en que debe aparecer su candidatura, por un número de electores no 
menor del cinco (5) por ciento del total de votos depositados en 
éstos para todos los candidatos al cargo de Gobernador en la 
elección general precedente. Deberá, además, presentar un programa 
de gobierno o plataforma política, así como los nombres y 
direcciones de un grupo de electores que constituyan su organismo 
directivo central.” 
Por su parte los Arts. 1.024 y 1.025 de la Ley Electoral disponen lo relativo a las 
Juntas de Inscripción Permanente y en lo pertinente establecen lo siguiente: 
“Artículo 1.024.-Junta de Inscripciones de las Comisiones 
Locales de Elecciones.- 
En cada municipio se constituirá por lo menos una Junta de 
Inscripciones que será de naturaleza permanente. La misma estará 
integrada por un representante de cada uno de los partidos políticos 
principales. Esta Junta estará adscrita a la Comisión Local. La 
Comisión Estatal dispondrá mediante reglamento las normas de 
funcionamiento de las Juntas de Inscripciones. 
Artículo 1.025.-Representantes de los Partidos en las Juntas de 
Inscripciones.- 
Los miembros de la Junta de Inscripciones serán nombrados por 
la Comisión a petición de los Comisionados Electorales de los 
partidos. Estos deberán ser personas de reconocida probidad moral, 
electores debidamente calificados como tales del precinto o 
municipio por el cual sean nombrados, ser graduados de escuela 
superior, no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos, 
excepto para la candidatura de Legislador Municipal y no podrán 
vestir el uniforme de ningún cuerpo armado, militar o paramilitar 
mientras se encuentren desempeñando sus funciones como 
miembros de esta Junta. Dichos miembros percibirán el sueldo y 
tendrán derecho a los beneficios que por ley y reglamento se fijen 
por la Comisión. De igual manera, podrán ser reclutados por 
contrato, pero en tales casos la remuneración a pagarse no excederá 
la cantidad máxima fijada para un puesto regular de igual o similar 
categoría.” (Énfasis suplido) 
3
Procede entonces que nos preguntemos ¿la no mención del partido local se debe 
De una lectura de las disposiciones legales antes resumidas parece meritorio el 
argumento de que sólo los partidos principales son los autorizados a tener funcionarios 
en las JIP. Así dispone expresamente el Art. 1.024 de la Ley Electoral, mientras el 
Art. 1.025 estatuye que los miembros de las JIP serán nombrados a petición de los 
Comisionados Electorales; puesto que reserva la Ley Electoral para los partidos 
principales o por petición. Véase Art. 1.004 de la Ley Electoral. Siguiendo el texto de la 
Ley Electoral, no se menciona en ningún momento al partido local por petición. 
considerar una exclusión o impedimento para reconocerle el nombramiento a un 
funcionario en la JIP? Examinemos este punto. En PRP v. ELA, 115 DPR 631 (1984) 
se dio una controversia un tanto similar al caso de narras, sólo que allí se discutía el 
derecho a un partido por petición (a nivel estatal) de tener un Oficial de Inscripción en las 
JIP cuando la ley sólo le reconoce esa prerrogativa a los partidos políticos principales.1 
En el citado caso el Partido Renovación Puertorriqueña había sido certificado como 
partido por petición y solicitó ante el Tribunal de Primera Instancia que se le designarán 
sus representantes en la JIP con los mismos derechos y prerrogativas que los 
correspondientes a los partidos principales. El Tribunal falló a favor de PRP y en 
apelación el Tribunal Supremo confirmó. Nuestro más Alto Foro resolvió que “[l]a 
clasificación entre partidos principales y por petición resulta, en el contexto de los 
hechos de este caso, irrazonable e injustificada”. Supra, pág. 639. 
Al así resolver, el Tribunal Supremo se fundamentó en el principio de igualdad 
electoral que está inmerso en nuestra Constitución.2 Sobre la importancia de las JIP 
para el proceso electoral, el Tribunal Supremo en la pág. 635 de la Opinión adoptó lo 
expresado por el Tribunal Superior cuando dijo: 
“Cuarto. El P.R.P. no tiene representación en las Juntas de 
Inscripción Permanentes, “que hoy por hoy es el organismo que 
sirve de base a todo el sistema. Es a este nivel donde por primera 
vez el ciudadano acude a reclamar sus derechos electorales y donde 
se inicia el proceso electoral. Al descentralizarse el sistema, éstos 
organismos han cobrado una importancia vital y para comprobar 
esto no hay nada más que visitar los locales donde ubican dichas 
Juntas. Aquí es donde se genera el trabajo con el cual luego van a 
intervenir los diferentes organismos del sistema electoral. Estas 
Juntas bregan con el proceso continuo de inscripción, transferencia 
y reubicación de electores, con el proceso continuo de fotografía y 
entrega de éstas, asignación de electores a su unidad electoral, 
preparación de informes requeridos, recusación de electores, etc. 
Sentencia, págs. 10-11.” 
Más adelante añadió: 
“La inscripción de un ciudadano como elector es el paso 
básico que le valida y cualifica para ejecutar el voto. Una vez 
completada surge una presunción de capacidad electoral” Supra, 
pág. 636. 
1 Los partidos políticos principales son aquellos que han participado en elecciones y que han obtenido votos suficientes 
para mantener su franquicia electoral. Partido por petición es un partido de nueva inscripción a nivel estatal con la autoridad 
2 
para presentar un candidato a la gobernación. 
Véase, además: Damián Marrero v. Municipio de Morovis, 115 DPR 643 (1984). 
4
Finalmente sobre el principio de igualdad electoral y las estructuras 
“Las estructuras administrativas creadas mediante la Ley 
administrativas señaló el Tribunal: 
Electoral deben responder a esa igualdad. La representación a todo 
nivel es esencial para un control y fiscalización recíprocas en apoyo 
de una garantía de la pureza electoral.” Supra, pág. 638 
Considerando lo resuelto en el caso de PRP v. ELA nos debemos plantear si 
“Es principio universalmente reconocido que los partidos 
existe alguna razón para hacer diferencia entre un partido por petición y un partido local 
por petición a los efectos de un nombramiento de un Oficial de Inscripción. Con 
excepción de que el primero cubre candidaturas a todo lo largo y ancho de Puerto Rico y 
el segundo se limita a un área geográfica en particular (municipio, precinto o distrito) 
entendemos que no existe ninguna. A los efectos de la representación de partidos 
locales en las Juntas de Inscripción entendemos que el principio de igualdad electoral 
es igualmente aplicable. Esto equivale decir que aunque esté limitado a un área 
geográfica y por ende no equipara en todas las prerrogativas y facultades de un partido 
principal o por petición, un partido local por petición tiene a nivel de precinto, municipio o 
distrito igual función respecto a la supervisión y fiscalización del proceso electoral. A 
ese nivel local, el partido será el instrumento que provee la democracia para presentar 
una nueva alternativa electoral. En PNP v. Tribunal, 104 DPR 741, 751 (1976) el 
Tribunal Supremo sostuvo: 
políticos son instrumentos necesarios a la democracia para que a 
través de ellos el pueblo pueda respaldar programas y expresar 
mandatos con relación a su gobierno. 
Todos los partidos democráticos, mayoría y minoría, cumplen 
estas funciones: los de la mayoría en respaldo a la obra de gobierno 
[…]; los de la minoría para que expresen el punto de vista de otra 
parte del pueblo con miras a tratar de convencer a una mayoría para 
ciertos fines distintos en ciertas formas diferentes, y velar porque el 
programa respaldado por la mayoría sea en efecto administrado con 
igualdad para todos.” 
Es por ello que a nivel de precinto o distrito no cabe hacer distinción en términos 
de responsabilidades o funciones entre un partido principal y un partido local por 
petición. Ambos tienen frente al electorado las mismas funciones y las mismas 
responsabilidades. Por tal razón el partido local, limitado a su área geográfica, debe 
tener las mismas oportunidades desde el punto de vista de la administración del proceso 
electoral. Sólo así se cumple con el principio de igualdad electoral. 
Reconocemos que esta determinación tiene un efecto presupuestario para esta 
Comisión. Sin embargo, el efecto presupuestario no puede ser fundamento para 
denegar esta petición. A mayor sea el impacto económico, mayor la desigualdad y por 
ende, la necesidad de subsanar tal situación. Así se expresó el Tribunal Supremo en 
PRP v. ELA, supra, a la pág. 641: 
“Lo expuesto nos convence que el impacto fiscal de una 
decisión favorable al P. R. P. no es argumento válido que derrote su 
derecho. Todo lo contrario. Mientras mayor sea, pone de relieve la 
injusticia y desigualdad de la ley. Demuestra cómo los partidos 
políticos principales se han beneficiado económicamente al ser sus 
5
representantes remunerados con fondos públicos. Contra la 
observancia de los preceptos constitucionales no pueden oponerse 
escollos salvables de tipo económico o burocrático. Es menester 
mover los resortes de la maquinaria electoral en la consecución de 
tal fin. P.S.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 230 (1975).” 
Recapitulando. Del texto de la Ley Electoral parece que sólo los partidos políticos 
principales tienen la prerrogativa de tener un representante en la Junta de Inscripción 
Permanente y no los partidos locales por petición. Sin embargo, al aplicar el axioma de 
igualdad electoral inmerso en nuestra Constitución la distinción en partidos principales y 
partidos locales no puede sostenerse para propósitos de un Oficial de Inscripción. Tanto 
los partidos principales como los partidos locales tienen las mismas funciones y 
responsabilidades respecto al proceso electoral. Por tal razón se debe reconocer 
igualdad de condiciones y prerrogativas al partido local dentro del área geográfica en 
que se manifiesta políticamente. Esa igualdad se logra reconociéndole un funcionario en 
la JIP. 
Es menester señalar que a un resultado similar llegó esta Comisión en el año 
1991 cuando consideró una solicitud del entonces Movimiento Local Viequense (MLV). 
Véase: Resolución CEE-91-021. 
De conformidad con lo anterior, procede que se reconozca que el Partido Acción 
Civil tiene derecho a que se nombre un Oficial de Inscripción para que lo represente en 
la JIP del Precinto 5 y otro Oficial de Inscripción que lo represente en la JIP del Precinto 
6; que el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico tiene derecho a que se nombre un 
Oficial de Inscripción que lo represente en las JIP del Precinto 39 de Rincón, Precinto 96 
de Vieques, Precinto 97 de Culebra y Precinto 98 de Ceiba; que el Partido Alternativa 
Ciudadana tiene derecho a que se nombre un Oficial de Inscripción para que lo 
represente en la JIP del Precinto 1 de San Juan; que el Partido Movimiento Vegabajeños 
Unidos tiene derecho a que se nombre un Oficial de Inscripción Permanente que lo 
represente en la JIP de los Precintos 18 y 19 de Vega Baja; que el Partido Catañeses 
Unidos tiene derecho a que se nombre un Oficial de Inscripción Permanente que lo 
represente en la JIP del Precinto 8 de Cataño; que el Partido Loiceño Unido tiene 
derecho a que se nombre un Oficial de Inscripción que lo represente en la JIP del 
Precinto 103 de Loíza y; que el Partido Movimiento Independiente Región Este tiene 
derecho a que se nombre un Oficial de Inscripción que lo represente en la JIP del 
Precinto 96 de Vieques, en el Precinto 97 de Culebra, en el Precinto 98 de Ceiba, en el 
Precinto 99 de Fajardo, en el Precinto 100 de Luquillo, en los Precintos 101 y 102 de Río 
Grande, en el Precinto 103 de Loíza, en los Precintos 104 y 105 de Canóvanas, en los 
Precintos 106, 107 y 108 de Carolina y en los Precintos 109 y 110 de Trujillo Alto. En 
aquellas JIP en las que los partidos principales tengan más de un Oficial de Inscripción 
asignado, los Partidos Locales tendrán derecho a igual cantidad de Oficiales de 
Inscripción. 
Representación en las Comisiones Locales 
2- 
La Ley Electoral define el término “Comisión Local” como “el organismo electoral 
oficial a nivel de precinto electoral, integrado, entre otros, por representantes de los 
partidos políticos” Art. 1.003, inciso 10. Las Comisiones Locales tienen entre otras 
funciones y deberes los siguientes: instruir y adiestrar a los funcionarios de colegios y 
de unidades electorales; recibir, custodiar y enviar el material electoral; seleccionar con 
la aprobación de la Comisión Estatal, los locales de votación; realizar el escrutinio de 
precinto; supervisar la Junta de Inscripciones; tomar acción sobre transacciones 
6
electorales, rendir informes; corregir errores en el Registro Electoral y constituir 
subcomisiones locales. Véase Art. 1.022 de la Ley Electoral. 
En cuanto a la constitución de la Comisión Local, el Art. 1.020 de la Ley Electoral, 
en su primer párrafo dispone lo siguiente: 
“Artículo 1.020.-Comisiones Locales de Elecciones.- 
Salvo lo que más adelante se dispone para el caso de elecciones 
especiales, en cada precinto electoral se constituirá, por lo menos, 
una Comisión Local de Elecciones. Las mismas serán de naturaleza 
permanente y estarán integradas por un Presidente, quien será un 
Juez del Tribunal de Primera Instancia, nombrado por el Juez 
Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, a solicitud de la 
Comisión y de un miembro propietario y un miembro sustituto en 
representación de cada partido político. Las funciones de los 
presidentes de las Comisiones Locales serán objeto de 
reglamentación por la Comisión.” 
Sobre los representantes de los partidos locales en las Comisiones Locales dice 
el Art. 1.021 de la Ley Electoral, en lo pertinente, lo siguiente: 
“Artículo 1.021.-Representantes de los Partidos Políticos en 
las Comisiones Locales.- 
Los miembros de las Comisiones Locales de Elecciones serán 
nombrados por la Comisión a petición de los Comisionados 
Electorales del partido que representen. Para el caso de partidos 
coligados, en nombramiento de su representante deberá llevar la 
firma de todos los presidentes de partidos en la coligación…” 
A base de una simple lectura de la Ley se podría interpretar que las Comisiones 
Locales deben estar constituidas por representantes de los partidos políticos que tienen, 
a su vez, Comisionados Electorales. Así reza expresamente el Art. 1.021. Según el 
Art. 1.003 de la Ley Electoral, inciso (11), el Comisionado Electoral es “la persona 
designada por el organismo directivo central de un partido político para que lo 
represente ante la Comisión Estatal de Elecciones”, mientras el Art. 1.004 establece que 
la Comisión Estatal de Elecciones estará integrada por un Presidente y un Comisionado 
Electoral “en representación de cada uno de los partidos políticos principales, por 
petición o coligados”. De modo, pues, a tenor con la Ley Electoral sólo los partidos 
políticos a nivel estatal (partidos principales o por petición o coligados) tendrían derecho 
a nombrar un Comisionado Electoral y de ahí podría argumentarse que siguiendo el 
texto del Art. 1.021, sólo los partidos a nivel estatal tienen derecho a nombrar 
representantes en las Comisiones Locales. 
Sin embargo, como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones entendemos 
que debemos trascender la mera literalidad del estatuto y considerado la importancia del 
rol de las Comisiones Locales en el proceso electoral, particularmente a nivel de 
precinto, como hicimos con los Oficiales de Inscripción, resolvemos que aplica también 
el principio de igualdad electoral. Somos de criterio que aplicando dicho principio, los 
partidos locales por petición tienen derecho a que se designe un representante como 
Comisionado Local en cada una de las Comisiones Locales ubicadas dentro de cada 
uno de los precintos para los cuales fue certificado como partido local. No existe razón 
7
alguna que justifique hacer distinción entre partidos principales y partidos locales para 
fines de un representante en la Comisión Local. 
Lo anterior significa que el Partido Acción Civil tiene derecho a que se nombre un 
Comisionado Local para el Precinto 5 de San Juan y otro para el Precinto 6 de 
Guaynabo; que el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico tiene derecho a que se 
nombre un Comisionado Local para cada uno de los siguientes precintos: Precinto 39 
de Rincón, Precinto 96 de Vieques, Precinto 97 de Culebra y Precinto 98 de Ceiba; el 
Partido Alternativa Ciudadana tiene derecho a que se nombre un Comisionado Local 
para el Precinto 1 de San Juan; el Partido Movimiento Vegabajeños Unidos tiene 
derecho a que se nombre un Comisionado Local para cada uno de los Precintos 18 y 19 
de Vega Baja; el Partido Catañeses Unidos tiene derecho a que se nombre un 
Comisionado Local para el Precinto 8 de Cataño; el Partido Loiceño Unido tiene derecho 
a que se nombre un Comisionado Local para el Precinto 103 de Loíza y; el Partido 
Movimiento Independiente Región del Este (MIRE) tiene derecho a que se nombre un 
Comisionado Local para cada uno de los Precintos que componen el Distrito Senatorial 
de Carolina que son: Precinto 96 de Vieques, Precinto 97 de Culebra, Precinto 98 de 
Ceiba, Precinto 99 de Fajardo, Precinto 100 de Luquillo, Precintos 101 y 102 de Río 
Grande, Precinto 103 de Loíza, Precintos 104 y 105 de Canóvanas, Precintos 106, 107 y 
108 de Carolina y Precintos 109 y 110 de Trujillo Alto. 
Participación en el Fondo Electoral 
3- 
El Art. 3.021 de la Ley Electoral reconoce el llamado “Fondo Electoral” al disponer 
como sigue: 
“Artículo 3.021.-Fondo Electoral.- 
Se establece en las cuentas del Departamento de Hacienda un 
fondo especial denominado "Fondo Electoral", el cual se pondrá a 
disposición del Secretario de Hacienda para llevar a cabo los fines de 
esta ley, y se asigna, de cualesquiera fondos disponibles en el 
Tesoro Estatal, la cantidad necesaria para permitirle a cada uno de 
los partidos, según se dispone más adelante, el uso de las 
cantidades que así se le autorizan. 
Los partidos políticos recibirán los beneficios dispuestos en esta 
ley desde la fecha en que entre en vigor la misma; Disponiéndose 
que, cualesquiera sumas por las que hayan girado en virtud a la Ley 
Núm. 1 del 13 de febrero de 1974, enmendada, en el año en que 
comience la vigencia de esta ley serán deducidas de los beneficios 
que más adelante se establecen.” 
Por su parte los Arts. 3.022, 3.023 y 3.026 son pertinentes también al 
funcionamiento y operación del Fondo Electoral. Disponen estos artículos: 
“Artículo 3.022.-Participación del Fondo Electoral para los 
Partidos por Petición.- 
Se entenderá que un partido político por petición se acoge a los 
beneficios del Fondo Electoral desde la fecha en que el organismo 
directivo central del partido lo solicite a la Comisión y gire contra 
dicho Fondo Electoral. 
8
Artículo 3.023.-Participación del Fondo Electoral.- 
En años que no sean de elecciones generales cada partido 
político principal o partido por petición que haya cumplido o 
satisfecho el procedimiento establecido en el Artículo que antecede, 
podrá girar anualmente contra el fondo electoral por una cantidad 
que no excederá de trescientos mil (300,000) dólares. En años de 
elecciones generales, los partidos políticos podrán girar contra los 
remanentes que hayan sobrado en años anteriores, pero el derecho 
de acumular tales remanentes sólo operará desde el año en que el 
partido se haya acogido a los beneficios aquí dispuestos. 
Se entenderá que un partido político se acoge a los beneficios de 
este Artículo desde el momento en que gira por primera vez contra el 
fondo. 
En año de elecciones generales cada partido político en unión a 
su candidato a Gobernador con derecho a los beneficios del fondo 
electoral tendrá derecho, con cargo al mismo, a una cantidad que no 
excederá de la suma de seiscientos mil (600,000) dólares. 
Artículo 3.026.-Uso de los Fondos.- 
Las sumas asignadas en esta ley a los partidos políticos que 
cualifiquen para participar en el Fondo Electoral se utilizarán por los 
mismos únicamente para beneficio de todos los candidatos 
postulados y serán dedicados a gastos administrativos de campaña y 
propaganda política en Puerto Rico, incluyendo, pero sin que ello se 
entienda como una limitación, programas de radio, televisión y cine; 
anuncios en periódicos de circulación local; impresión de programas 
y publicaciones de los partidos; franqueo postal; impresión, 
distribución y transportación de material de propaganda en Puerto 
Rico; gastos para elecciones generales; referéndum, plebiscitos, 
primarias, convenciones, asambleas, e inscripciones en Puerto Rico; 
gastos de impresos, grabaciones, símbolos, banderas, películas e 
impresión de periódicos políticos para circular en Puerto Rico, así 
como gastos generales de oficina, incluyendo cánones de 
arrendamiento, servicios en Puerto Rico de teléfono, telégrafo y 
correo; servicios de agua y energía eléctrica, gastos de viaje, equipo 
y maquinarias. 
En caso de desaparecer un partido político, cualquier equipo o 
propiedad adquirida con dinero proveniente del Fondo Electoral 
deberá ser devuelto a la Comisión Electoral, por el Presidente 
incumbente al momento de la desaparición del partido en cuestión.” 
Bajo el esquema legal antes citado los Tribunales de Puerto Rico han reconocido 
ya el derecho de los partidos políticos locales a tener una participación en el Fondo 
Electoral. En el caso de Frente Unido Riograndeño v Comisión Estatal de 
Elecciones, Caso KLCE 9601047, el Tribunal de Apelaciones, en Resolución dictada el 
30 de octubre de 1996, resolvió una petición similar a la que nos ocupa ahora. Luego de 
analizar las disposiciones de la Ley Electoral, el Tribunal de Apelaciones afirmó lo 
siguiente: 
“Toda vez que el dinero es un elemento esencial de toda 
campaña política y la desigualdad ante la ley se manifiesta con 
9
mayor transparencia en los aspectos económicos, el F. U. R. debería 
tener, por lo menos, una participación proporcional, como si fuera un 
año no electoral, a los precintos representativos en los cuales 
postulan candidatos. Es obvio que por no tratarse de un partido por 
petición local no le podría corresponder igual suma que aquella que 
la ley le asigna a un partido que cubre toda la Isla. Por consiguiente, 
sería necesario prorratear su participación a base de una relación 
entre la totalidad de votantes de Puerto Rico y votantes 
comprendidos en los precintos en los cuales está inscrito para 
brindar una participación equitativa.” 
Lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones fue confirmado mediante Sentencia 
emitida por el Tribunal Supremo el 24 de marzo de 2000. Véase: Frente Unido 
Riograndeño v CEE, 2000 TSPR 050. En su Sentencia confirmatoria el Tribunal 
Supremo resolvió lo siguiente: 
“Analizadas las disposiciones pertinentes de la Ley Electoral, 
en específico las disposiciones del Artículo 3.022 de dicha Ley y los 
alegatos de las partes, dictamos Sentencia confirmatoria de la 
emitida en el presente caso por el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones resolviendo que el Frente Unido Riograndeño tiene 
derecho a participar en el Fondo Electoral pero sólo en aquello que 
corresponde a la cantidad base que el Art. 3.023 de la Ley Electoral le 
asigna a cada partido. En consecuencia, devolvemos el caso a la 
C.E.E. para que allí se determine si el Frente cumplió con lo 
dispuesto en los Artículos 3.015 y 3.017 –incluyendo los reglamentos 
aplicables de la C.E.E. – en lo que respecta a los informes de gastos 
y otros ingresos. De haber cumplido con lo allí dispuesto, y 
conforme con lo resuelto por el Tribunal de Circuito de Apelaciones 
el Frente tendrá derecho a que se le reembolse las sumas de dinero 
resultantes de la aplicación de la fórmula establecida por el referido 
Tribunal de Circuito.” 
Número de Electores de los Precintos X $300,000 
Aunque lo resuelto por el Tribunal Supremo no goza de carácter de precedente 
judicial por ser una Sentencia y no una Opinión del Tribunal, somos de criterio que 
siendo la Comisión Estatal de Elecciones la parte demandada en el referido caso, lo 
dispuesto por el Tribunal nos obliga por lo que debemos proveer igual remedio en los 
casos que nos ocupan. En Frente Unido Riograndeño, el Tribunal de Apelaciones 
adoptó una fórmula mediante la cual prorrateaba la participación en el Fondo Electoral a 
base de una relación entre la totalidad de los votantes de Puerto Rico y los votantes 
comprendidos en los precintos en los cuales está inscrito el partido. La fórmula, según 
la nota al calce número 3 de la Resolución del Tribunal de Apelaciones, es como sigue: 
Total de Electores Isla 
Esta fórmula fue validada por el Tribunal Supremo. 
A base de lo anterior resolvemos que los partidos locales certificados por esta 
Comisión durante el presente año electoral, tienen derecho a participar en el Fondo 
Electoral en lo que corresponde a la cantidad base que el Art. 3.023 de la Ley Electoral 
le asigna a cada partido y a base de la fórmula establecida por el Tribunal de 
Apelaciones en el caso Frente Unido Riograndeño v CEE, supra. 
10
En la presente Resolución nos vamos a limitar a reconocer el derecho a una 
No obstante, se desprende de la Sentencia del Tribunal Supremo que para que 
se le conceda la participación en el Fondo Electoral el partido local tiene que cumplir con 
lo dispuesto en los Arts. 3.015 y 3.017 de la Ley Electoral,3 incluyendo los reglamentos 
aplicables de la CEE respecto a los informes de ingresos y gastos y otros ingresos. 
Según interpretamos lo expresado por nuestro más Alto Tribunal, si el partido local ha 
cumplido con lo relacionado con la contabilidad de gastos y la radicación de informes de 
ingresos y gastos, tendrá derecho a una participación al Fondo Electoral. De lo 
contrario, no tendrá derecho. 
participación del Fondo Electoral. No vamos a considerar en este momento la situación 
particular de cada uno de los partidos locales sobre la radicación de informes. No 
obstante, disponemos que previo a cualquier acción ulterior de parte de esta Comisión 
sobre este punto, cada partido local deberá acreditar su cumplimiento a las 
disposiciones de los Arts. 3.015 y 3.017 de la Ley Electoral. Establecido que el partido 
local ha cumplido con lo anterior se expedirá la correspondiente certificación para que el 
Departamento de Hacienda pueda efectuar los trámites correspondientes y hacer 
disponible el dinero del Fondo Electoral. 
El Art. 3.015 y el primer párrafo del Art. 3.017 disponen lo siguiente: 
3 
“Artículo 3.015.-Contabilidad de Gastos.- 
Todo partido político con derecho a participar del Fondo Electoral, deberá llevar una 
contabilidad completa y detallada de cualquier gasto incurrido con cargo al mismo. Deberá 
asimismo, rendir a la Comisión y al Secretario de Hacienda un informe debidamente juramentado, 
expresivo de tales gastos e indicativo de la fecha en que se hubiera incurrido en los mismos y el 
nombre completo y dirección de la persona a favor de la cual se efectuó el pago, así como el 
concepto por el cual se incurrió en el mismo. Dicho informe deberá presentarse cada tres (3) 
meses dentro de los primeros diez (10) días siguientes al final del período del informe. 
El Secretario de Hacienda no autorizará desembolso alguno con cargo al Fondo 
Electoral a favor de un partido o candidato, hasta tanto se cumpla con lo dispuesto en este 
artículo. 
Todo partido acogido al Fondo Electoral que se exceda en sus gastos de campaña de los 
límites establecidos en esta ley, o sus reglamentos, estará sujeto al pago de una penalidad 
equivalente a dos (2) veces de la cantidad en que se hubiere excedido de los límites dispuestos 
en esta ley. La Comisión acudirá ante el Tribunal de Justicia competente con el recurso 
apropiado para impedir la continuada violación a esta ley y lograr el cumplimiento del pago de la 
penalidad civil aquí estatuida. Los dineros recobrados por virtud de esta disposición legal, 
pasarán a formar parte del Fondo Electoral para ser utilizados conforme a lo dispuesto en esta 
ley. 
Artículo 3.017.-Contabilidad e Informes de Otros Ingresos y Gastos.- 
(a) Cada partido político, cada candidato, excluyendo a los candidatos a legisladores 
municipales, y cada persona y grupo independiente o comité de acción política, deberá llevar una 
contabilidad completa y detallada de toda contribución recibida en o fuera de Puerto Rico y de 
todo gasto por él incurrido sin cargo al Fondo Electoral y rendirá cada tres (3) meses, bajo 
juramento, un informe contentivo de una relación de dichas contribuciones y gastos, fecha en 
que los mismos se recibieron o en que se incurrió en los mismos, nombre y dirección completo 
de la persona que hizo la contribución, o a favor de quien se hizo el pago, así como el concepto 
por el cual se incurrió en dicho gasto”. 
11
4- Participación en el Fondo Voluntario 
La Ley Núm. 115 del 25 de abril de 2003 enmendó la Ley Electoral a los fines, 
entre otros, de crear el Fondo Voluntario para el Financiamiento de las Campañas 
Electorales. Mediante esta enmienda se estableció un nuevo sistema de financiamiento 
mixto (público y privado) de las campañas políticas de los partidos, sus candidatos a 
gobernador y los candidatos independientes a gobernador. Además se estableció un 
plan piloto de Financiamiento de Campañas Municipales para los candidatos de partidos 
políticos y candidatos independientes de los Municipios de San Juan, Carolina, 
Guaynabo y Bayamón. 
Por razón de la Ley Núm. 115, el Art. 3.024 de la Ley Electoral fue enmendado y 
“Art. 3.024.- Fondo Voluntario para el Financiamiento de las 
en lo pertinente el mismo dispone: 
Campañas Electorales.- 
Para financiar las campañas políticas de los partidos, sus 
candidatos a gobernador y los candidatos independientes a 
gobernador, se establece un sistema de responsabilidad compartida 
con participación ciudadana, mediante la creación de un Fondo 
Voluntario que se nutrirá de recursos privados y públicos. Dicho 
Fondo es un programa integral compuesto, que requiere que los 
partidos y candidatos que opten por este sistema de financiamiento 
se acojan a la totalidad del mismo. Los recursos del Fondo 
Voluntario estarán disponibles el primero (1ro.) de julio del año en 
que se celebre una elección general. Como alternativa al 
financiamiento privado de las campañas políticas, el Fondo 
Voluntario estará disponible para los partidos políticos, sus 
candidatos a gobernador y los candidatos independientes a 
gobernador y como plan piloto de financiamiento de Campañas 
Municipales, para los candidatos de partidos políticos y los 
candidatos independientes para las alcaldías de San Juan, Carolina, 
Bayamón y Guaynabo. Podrán participar de los beneficios del Fondo 
Voluntario, los partidos y sus candidatos a las alcaldías mencionadas 
que a la fecha de radicación de sus candidaturas para las elecciones 
generales certifiquen expresamente que se acogerán al mismo 
mediante declaración jurada radicada en la Secretaría de la Comisión. 
También podrán acogerse a este Fondo los candidatos 
independientes debidamente certificados por la Comisión que 
compitan por las posiciones antes mencionadas. 
……………………………………………………………………………………… 
(c) Asignaciones e Ingresos al Fondo Voluntario para el 
Financiamiento de las Campañas Electorales.- Para sufragar los 
gastos de campaña de los partidos y de los candidatos a gobernador, 
certificados como tales por la Comisión Estatal de Elecciones, el 
Secretario de Hacienda ingresará en el Fondo Voluntario las 
siguientes cantidades: 
12
1. Una asignación base de tres millones ($3,000,000) de dólares 
para cada partido político y su candidato a gobernador, y candidato 
independiente. 
2. Hasta cuatro millones (4,000,000) de dólares en contribuciones 
recaudadas por los partidos políticos y sus candidatos a gobernador, 
y candidatos independientes según autorizadas por las 
disposiciones de esta ley. 
3. Una asignación progresiva de hasta cuatro millones 
(4,000,000) de dólares para cada partido político y su candidato a 
gobernador, y candidato independiente para parear en igual cantidad 
con las contribuciones que éstos recauden. 
El financiamiento de las campañas para las alcaldías incluidas 
en el plan piloto se establece sobre la base de límites para gastos 
totales permitidos a cada candidato que serán los siguientes: San 
Juan, un millón y medio (1,500,000) de dólares; Carolina, novecientos 
mil (900,000) dólares, Guaynabo, ochocientos cincuenta mil (850,000) 
dólares, y Bayamón, setecientos cincuenta mil (750,000) dólares.” 
Vemos, pues, que el Fondo Voluntario para las Campañas Electorales está 
disponible sólo para aquellos candidatos a gobernador que expresamente hayan 
manifestado su intención de acogerse al mismo mediante declaración jurada presentada 
en la Secretaría de la Comisión. Así también el Fondo Voluntario está disponible para 
los candidatos de los partidos políticos y candidatos independientes para las alcaldías 
de San Juan, Carolina, Bayamón y Guaynabo que expresamente también hayan 
expresado su intención de acogerse al Fondo Voluntario. A tenor con este esquema 
legislativo los partidos locales no tienen derecho a participación en el Fondo Voluntario 
ya que el mismo es sólo para los candidatos a gobernadores. Ninguno de los partidos 
locales que se han certificado tienen derecho a postular candidatos a gobernador. Sólo 
tienen derecho a postular candidatos para el distrito o precinto que ha sido certificado 
como partido político. 
No obstante, a nivel municipal la Ley Núm. 115 estableció un plan piloto de 
financiamiento para los Municipios de San Juan, Carolina, Guaynabo y Bayamón. De 
los partidos locales, que se han certificado, el único que está reconocido para uno de los 
municipios antes mencionado es el Partido Movimiento Independiente de la Región Este 
(MIRE) que fue certificado como partido local en Carolina. De esta forma, si el MIRE 
decide postular un candidato a alcalde para Carolina y expresamente manifiesta su 
intención a acogerse al Fondo Voluntario, tendría derecho entonces a una asignación 
base equivalente al 25% de $900,000, es decir de $225,000, quedando autorizado a 
recaudar en contribuciones privadas hasta un total de $337,500 y con derecho a que el 
Estado le paree una cantidad similar y así alcanzar el total de $900,000. 
En resumen, del Fondo Voluntario creado por la Ley Núm. 115 sólo tendría 
derecho a participar el MIRE ya que fue certificado como partido local para el Municipio 
de Carolina. Ello esta sujeto a que el MIRE postule un candidato a alcalde al Municipio 
de Carolina y que dicho candidato, al momento de someter su candidatura cumplimente 
una declaración jurada certificando expresamente que se acogerá a los beneficios del 
Fondo Voluntario. 
13
5- Otros planteamientos 
Alcance de la Resolución CEE-RS-04-39 a) 
En carta de fecha de 9 de julio de 2004 el Presidente del Partido Movimiento 
Independiente del Este (MIRE), Lcdo. Ebenecer López Ruyol trae a nuestra atención 
que en la Resolución CEE-RS-04-39 el partido fue certificado para los Distritos 
Representativos Números 36 y 39 pero no así para los Distritos Representativos 
Números 37, 38 y 40. A base de ello plantea si el MIRE, su insignia y el nombre del 
candidato de MIRE no aparecerán en la papeleta de la candidatura senatorial en los 
Distritos Representativos Números 37, 38 y 40. La respuesta a esta interrogante es en 
la negativa. El MIRE fue certificado como partido local por petición a nivel de Distrito 
Senatorial de Carolina. Esto significa que el MIRE tiene derecho a postular dos 
candidatos a Senadores de Distrito y que dichos candidatos aparecerán en la papeleta 
legislativa en todos y cada uno de los precintos, municipios y distritos representativos 
que comprende el Distrito Senatorial de Carolina. 
Lo anterior nos lleva a clarificar un tanto la Resolución CEE-RS-04-39. Ya hemos 
dicho que el MIRE fue certificado como partido local a nivel del Distrito Senatorial de 
Carolina. Nuestra Resolución reconoce que el MIRE ha sido certificado, además, como 
partido local para los Distritos Representativos 36 y 39, así para los diez municipios que 
componen el Distrito Senatorial. Esto lo que significa es que el MIRE queda autorizado 
a presentar, además de los Senadores por Distritos, candidatos Representantes a la 
Cámara para los Distritos Representativos 36 y 39, así como someter candidatos a 
alcaldes para cada uno de los pueblos que componen el Distrito Senatorial. Queda a 
opción del partido si somete candidatura para todos y cada uno de estos cargos a los 
que tiene derecho. A lo único que no tiene derecho el MIRE es a presentar candidaturas 
para Representantes de Distrito para los Distritos 37, 38 y 40 ya que para en esos 
distritos no alcanzó el número de endosos necesarios para ser certificado como partido 
local. No obstante, debe estar claro que habiendo alcanzado la certificación como 
partido local para el Distrito Senatorial, los candidatos a Senadores que postule 
aparecerán en todas y cada una de las papeletas que se impriman para el Distrito 
Senatorial de Carolina. 
En su carta del 9 de julio de 2004, el Lcdo. López Ruyol plantea también si en los 
Distritos 37, 38 y 40 el MIRE no podrá tener funcionarios en la JIP, ni funcionarios de 
colegio, ni coordinadores de unidad, etc. La respuesta a este planteamiento es también 
en la negativa. Como partido local a nivel del Distrito Senatorial, el MIRE tendrá derecho 
a un funcionario en todas y cada una de las JIP que ubican en los precintos o municipios 
que componen el Distrito Senatorial de Carolina según lo hemos establecido ya. 
Igualmente tendrá derecho a tener funcionarios en la Junta de Unidad Electoral de todas 
y cada una de las unidades electorales que están dentro del Distrito Senatorial y tendrá 
derecho a tener funcionarios de colegios en todos y cada uno de los colegios que 
estarán dentro del Distrito Senatorial de Carolina. Véase Arts. 1.026 y 1.027 de la Ley 
Electoral y Resolución CEE-91-021 en la que esta Comisión le reconoció, de forma 
unánime, al Movimiento Local Viequense representantes en las Juntas de Unidad y en 
las Juntas de Colegios. Igual derecho le aplica a los partidos locales certificados por esta 
Comisión durante el presente año electoral. 
b) Representación a nivel Central de la Comisión Estatal de 
Elecciones. 
El MIRE solicita que nombre un Comisionado Electoral a nivel central igual que 
los partidos principales. No tiene razón. A tenor con la Ley Electoral la Comisión Estatal 
14
de Elecciones estará integrada por un Presidente y “un Comisionado Electoral en 
representación de cada uno de los partidos políticos principales, por petición o 
colegiados.” Art. 1.004 de la Ley Electoral. 
La Ley Electoral sólo reconoce a los partidos principales o a los partidos por 
De conformidad con las disposiciones del Art. 3.001 (3) de la Ley Electoral 
cuando un partido por petición quede inscrito puede “presentar una candidatura 
completa en todos los precintos de conformidad con los procedimientos en esta ley”. 
Por su parte cuando un “partido local por petición” podrá designar una candidatura, “la 
cual estará compuesta por candidatos a los cargos electivos que pueda votarse en el 
precinto o precintos que corresponda.” Art. 3.001 (4) de la Ley Electoral. En otras 
palabras, un partido por petición es uno a nivel isla que puede presentar candidatos para 
todos y cada uno de los cargos públicos que disputen en una elección general. Eso va 
desde gobernador hasta legisladores municipales. El partido local por petición es uno 
limitado a un área geográfica en particular y dentro de esa área geográfica puede 
presentar candidatos a los cargos electivos que puedan votarse en el precinto o los 
precintos que corresponda. 
petición el derecho a que se nombre un Comisionado Electoral. El partido local por 
petición no tiene ese derecho. Entendemos que es razonable esa distinción de la Ley 
Electoral. Ciertamente no es lo mismo un partido a nivel estatal que un partido a nivel 
de un municipio o de un distrito. Un partido a nivel estatal tiene una mayor injerencia en 
la discusión de los asuntos públicos y presenta propuestas para resolver los problemas 
de la ciudadanía en general. El partido local limita su propuesta a un área geográfica en 
particular. Por tal razón, bajo esas circunstancias específicas no existe razón para 
reconocerle a un partido local iguales derechos y prerrogativas que un partido a nivel 
estatal. El principio de igualdad electoral lo que persigue es que los partidos que 
participan en el proceso electoral tengan los mismos derechos y prerrogativas que otro 
partido que esté a la par con el. Es por eso que hemos reconocido a los partidos locales 
la misma representación que tienen los partidos principales a nivel de precinto. A nivel 
estatal la cosa es diferente. Los partidos locales no tienen derecho a presentar 
candidatos a gobernador ni a otros precintos de Puerto Rico para los cuales no fueron 
certificados. Es para partidos que puedan presentar candidatos a todos los puestos 
electivos que la Ley Electoral le reconoce el derecho a tener un Comisionado Electoral y 
ser miembro de la Comisión Estatal de Elecciones. 
La igual protección de las leyes no exige en todo momento un trato igual; sólo 
prohíbe un trato desigual e injustificado. Véase: Asociación de Academia v. ELA, 135 
DPR 150 (1994); PAC v. ELA, 150 DPR 359 (2000). Los partidos locales 
definitivamente no están, para todos los fines y propósitos, en la misma posición que los 
partidos principales ni los partidos por petición a nivel estatal. Existen circunstancias que 
pueden justificar un trato distinto. Es por esas razones que resolvemos que los partidos 
locales no tienen derecho a nombrar un Comisionado Electoral. Por estas mismas 
razones tampoco tienen derecho a espacio dentro del edificio de la Comisión Estatal de 
Elecciones. 
Analizadas las distintas peticiones formuladas por los Partidos Locales por 
Petición se dicta Resolución de conformidad.4 
4 Queda pendiente de resolución la interrogante presentada por el Partido Alternativa Ciudadana respecto a cuáles son los 
requisitos para mantener la condición de partido registrado por la CEE de acuerdo a los resultados de la elección general 
del 2004. Dejamos pendiente este asunto para poder resolver primero los puntos cubiertos en la presente Resolución y que 
la misma pueda ser notificada a las partes. Oportunamente, nos estaremos pronunciando sobre la interrogante que queda 
pendiente. 
15
En San Juan, Puerto Rico a de agosto de 2004. 
REGISTRESE Y NOTIFIQUESE. 
Aurelio Gracia Morales 
Presidente 
Que he notificado con copia de esta Resolución a todas las partes interesadas. 
En San Juan, Puerto Rico a de agosto 2004 
Ramón M. Jiménez Fuentes 
Secretario 
CERTIFICO: 
De usted no estar conforme con esta Resolución se le informa que a tenor con el 
Art. 1.016 de la Ley Electoral tiene derecho a acudir en revisión judicial ante el Tribunal de 
Primera Instancia de Puerto Rico dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de 
la misma, haciéndose constar que copia de esta Resolución ha sido archivada en autos 
el de agosto de 2004. 
16