En Puerto Rico la Comisión Estatal de Elecciones es el organismo que tiene a su cargo la planificación y la implantación de los programas y los procesos electorales. Además, está a cargo de la fiscalización del equipo adquirido con cargo a los fondos públicos asignados a los partidos políticos y candidatos a gobernador y de los fondos que reciben de fuentes particulares los partidos políticos, candidatos y personas o grupo de personas independientes.

Bajo este sistema de financiamiento, están obligados a rendir informes de los fondos recaudados; los partidos políticos, los candidatos, los funcionarios electos, a partir de la enmienda a la Ley en el 2000 y los comités de acción política. Igualmente están obligados a rendir informes los medios de difusión y las agencias de publicidad sobre los servicios que prestan en años de elecciones generales o en cualquier otro evento que se disponga mediante legislación.

Puerto Rico fue uno de los países pioneros en establecer legislación sobre el financiamiento de los partidos políticos. Mediante la Ley Núm. 110 de 30 de junio de 1957 se creó el Fondo Electoral .